Son dos herramientas clave para el derecho a morir dignamente

En el contexto actual de envejecimiento de la población y del avance de los derechos individuales, la planificación del final de la vida adquiere un papel cada vez más relevante. En Cataluña, el derecho a morir dignamente incluye dos herramientas clave: el documento de voluntades anticipadas y, desde 2021, la posibilidad legal de solicitar la eutanasia.

Las últimas voluntades, una herramienta para decidir hasta el final

El Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), también conocido como testamento vital, es un documento legal que permite a cualquier persona mayor de edad dejar por escrito cómo desea ser atendida en caso de encontrarse en una situación en la que no pueda expresarse. Este documento es especialmente útil para garantizar que se respeten los deseos propios en momentos críticos, como una enfermedad grave, una demencia avanzada o un accidente con consecuencias irreversibles.

Desde hace un año, ya no es necesario formalizar el documento ante notario ni con tres testigos. Basta con hacerlo ante profesionales sanitarios, ya sea de atención primaria, hospitalaria o sociosanitaria. Esta simplificación del trámite fue una reivindicación de la asociación Derecho a Morir Dignamente Cataluña (DMD-Cat).

En Cataluña, este derecho está reconocido desde el año 2000 y el documento puede inscribirse en el Registro de Voluntades Anticipadas del Departamento de Salud. Este registro es accesible para todos los profesionales sanitarios y garantiza que los deseos del paciente sean conocidos y respetados, especialmente en el ámbito hospitalario. También se puede designar una persona de confianza que actúe como representante para velar por el cumplimiento de estas voluntades.

Los documentos de voluntades anticipadas pueden incluir, entre otros aspectos, la aceptación o el rechazo de tratamientos invasivos, las preferencias sobre medidas de soporte vital (reanimación, intubación, alimentación artificial), el deseo de acceder a cuidados paliativos o la voluntad de no prolongar artificialmente el proceso de muerte.

Según datos del Departamento de Salud, hasta diciembre de 2024 se habían registrado 188.034 documentos, de los cuales el 63,55 % correspondían a mujeres y el 36,45 % a hombres. Un 20 % del total corresponde a personas que tramitan el DVA antes de los 60 años. Durante 2024, y gracias a la simplificación del trámite, los registros aumentaron un 57 % respecto a 2023, con 34.595 nuevos documentos.

El derecho a la eutanasia, una realidad en Cataluña y en Europa

Desde el 25 de junio de 2021, España cuenta con una ley que regula la eutanasia como un derecho subjetivo, gratuito y garantizado por el sistema público de salud. Cataluña ha sido una de las comunidades más activas en su aplicación. La eutanasia puede solicitarse por personas que padecen una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante que provoca un sufrimiento considerado insoportable.

El procedimiento es garantista y consta de varios pasos: el paciente presenta una primera solicitud por escrito, la repite quince días después, dos médicos (el responsable y un consultor) evalúan el caso y, finalmente, una Comisión de Garantía y Evaluación valora y autoriza, si procede, la solicitud.

En Cataluña, entre julio de 2021 y finales de 2023, se han practicado más de 400 eutanasias, según datos oficiales. En 2024 se presentaron 358 solicitudes, un 63,4 % más que el año anterior, de las cuales se aprobaron 189, lo que supone un incremento del 73,3 % respecto a 2023. A pesar de la buena acogida de la ley, la asociación Derecho a Morir Dignamente Cataluña alerta de que el tiempo medio de resolución, de 63 días, sigue siendo inasumible para personas con sufrimiento irreversible y necesidad inmediata de alivio.

Conclusión: decidir con libertad, vivir con dignidad

La gestión de las últimas voluntades y el derecho a la eutanasia son herramientas fundamentales para garantizar una muerte digna y coherente con los valores de cada persona. En Cataluña, la sociedad y el sistema sanitario han dado pasos decididos para hacer efectivos estos derechos, apostando por un modelo que prioriza la libertad, el respeto y la humanidad.

No obstante, el ejercicio de estos derechos requiere reflexión, información y, a menudo, apoyo profesional. Conocer las opciones disponibles y hablarlo con la familia y con los equipos sanitarios es clave para garantizar una vida —y una muerte— vivida con plenitud y respeto.

A pesar de este marco legal, hay personas que se encuentran con dificultades cuando algún familiar se opone a su decisión. Otras, en cambio, han podido vivir este proceso con paz e incluso con humor. Es el caso de Josep Aparicio, vecino de Gurb (Osona), que murió por eutanasia el 4 de octubre de 2024. Hacía trece años que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson y, con 66 años, tras una larga reflexión, decidió acogerse a la ley para poner fin a una vida marcada progresivamente por la pérdida de autonomía. Fiel a sus valores, quiso dejar constancia de su derecho a decidir hasta el final y dedicó sus últimos días a despedirse de los suyos, cerrando su vida tal y como había querido vivirla: con libertad y dignidad.